Como familiares y profesionales que trabajan con personas mayores dependientes, nos vemos en la necesidad de hacer públicas las intervenciones que desde las distintas administraciones están llevando a cabo en las políticas sociales, concretamente en las dirigidas a las personas mayores.
Hasta hace algunos meses, cuando había una situación de riesgo para una persona mayor nos dirigíamos a la trabajadora social de nuestro distrito y tramitábamos servicio de ayuda a domicilio. Es verdad que en algunos momentos ha habido lista de espera o por problemas presupuestarios se ha tenido que esperar pero en este momento no existe ni tan siquiera esta opción, con la excusa de una nueva ordenanza municipal existen incompatibilidades entre prestaciones (servicio de ayuda a domicilio y centro de día, por ejemplo). A aquellas personas dependientes que viven con un cuidador de su misma edad y necesitan cambio de pañal, al menos por la mañana y por la noche de lunes a domingo y acuden a centro de día, les han reducido el servicio quedando muchos de ellos sin atención.
A esto se añaden aquellas personas que ni siquiera han tenido la posibilidad de optar al servicio debido a su reducido presupuesto, obligándolas a realizar un esfuerzo económico imposible para contratar a personas que trabajan en economía sumergida y sin la formación adecuada para conseguir este servicio[1].
Por otro lado pocos días saldrán los pliegos para la gestión de los centros de día municipales gestionados por empresas privadas: según fuentes del propio Ayuntamiento de Madrid, se va producir un importante recorte en la plantilla de profesionales (que podría llegar hasta el 50%[2]), lo cual repercutirá negativamente en la calidad de la atención a los mayores, convirtiendo dichos centros en “aparca-personas” y, por otro lado, engrosando las listas de desempleo (con lo que eso conlleva para las arcas públicas). Se echará a perder el trabajo que día a día se ha venido haciendo con personas con deterioro cognitivo, que, al tratarse de enfermedades degenerativas, no tendrá marcha atrás.
Y, para finalizar, la Comunidad de Madrid considera que con la Ley de Dependencia se han cubierto todas las necesidades de residencia y no es necesario tener residencias de verano para que el cuidador principal descanse un mes al año (lo que se conocía como “Respiro Familiar”).
Nuestra pregunta es, si el servicio de ayuda a domicilio y el personal de los centros de día se reducen y si las residencias de Respiro Familiar desaparecen, ¿qué tipo de asistencia social estaremos dando a nuestros mayores? ¿para qué tantos años de lucha y trabajo por crear un servicio que proporcione calidad de vida a nuestros mayores y a sus cuidadores? ¿de qué sirve la Ley de Dependencia cuando tenemos a las personas sin atender, y profesionales cualificados en el paro? ¿qué supondrá tener a las familias desesperadas en el domicilio? ¿a quién quieren engañar?
[1] Una hora de ayuda a domicilio a través de una empresa privada cuesta 17€, y la ayuda a domicilio que presta el ayuntamiento son 7,45€ (aportación máxima, ya que se paga en función de la renta).
